El asilo político en España, regulado por la Ley de Extranjería y la Ley de Asilo, es una protección que se otorga a personas extranjeras que huyen de su país de origen debido a persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social. Este estatus protege a los solicitantes de ser devueltos a su país de origen, donde su vida o libertad podrían estar en peligro. Para obtener asilo, los solicitantes deben presentar una solicitud formal y pasar por un proceso de evaluación en el que las autoridades españolas determinan la validez de su petición, basándose en la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967, que establecen los principios del derecho internacional en materia de refugiados. Si se concede el asilo, los beneficiarios adquieren derechos como el permiso de residencia, el derecho a trabajar y acceso a servicios sociales y sanitarios.